Uno de los más controvertidos es el denominado social scoring o puntuación social, una práctica que la Unión Europea ha decidido prohibir por los riesgos que representa para los derechos fundamentales,de sus ciudadanos.
El término social scoring hace referencia a los sistemas que asignan una puntuación o valoración a una persona basándose en su comportamiento, características personales, situación socioeconómica o actividades realizadas tanto en el entorno físico como digital.
A primera vista, la idea de evaluar a las personas mediante indicadores objetivos podría parecer una herramienta eficiente para gestionar recursos o tomar decisiones. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja.
La preocupación surge cuando estas valoraciones se utilizan para conceder o restringir derechos, oportunidades o servicios, generando consecuencias que pueden resultar discriminatorias o injustas.
Los sistemas de puntuación social funcionan mediante la recopilación masiva de datos. Estos pueden incluir información financiera, hábitos de consumo, comportamiento en internet, historial de interacciones con organismos públicos, actividad en redes sociales e incluso datos obtenidos a través de dispositivos conectados.
La inteligencia artificial analiza posteriormente esa información para elaborar perfiles y asignar una puntuación que pretende reflejar la “fiabilidad”, el “comportamiento” o el “riesgo” asociado a una persona. El problema es que estas valoraciones pueden terminar influyendo en decisiones de gran relevancia, como el acceso a determinados servicios, ayudas, oportunidades laborales o beneficios sociales.
Uno de los principales argumentos que justifican la prohibición del social scoring es el riesgo de discriminación, pues los algoritmos no son neutrales por naturaleza. Aprenden a partir de datos históricos y, si esos datos contienen sesgos o desigualdades, los sistemas pueden reproducirlos e incluso amplificarlos.
En una sociedad cada vez más digitalizada, donde los datos se han convertido en un recurso de enorme valor, la protección de la dignidad humana y la igualdad de trato adquiere una relevancia creciente. La inteligencia artificial seguirá transformando numerosos aspectos de nuestra vida, pero la Unión Europea ha querido dejar establecido que el valor de una persona no puede reducirse a una puntuación generada por un algoritmo
Ferran
Aparicio
20 de Octubre de 2026
